EFICIENCIA ENERGÉTICA INMOBILIARIA Y ODS

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Autor: Gumersindo Ruiz

Embajador y Profesor del Máster en dirección de la RSC en el marco de los ODS, impartido por la Fundación ICLOBY con el IL3 de la Universidad de Barcelona. Catedrático de Política Económica en la Universidad de Málaga, y asesor de Presidencia de Unicaja Banco.

 

 

La Fundación Icloby está atenta a todo lo que ponga en relación los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con la actividad productiva. Una de las cuestiones sobre la que la Unión Europea (UE) muestra una gran sensibilidad es el impacto ambiental de la construcción, pues considera que es el sector que más energía consume y más carbono emite a la atmósfera, alrededor del 40% y 36%, respectivamente, del total de la actividad productiva; y además, calculan que el parque actual de vivienda en sus tres cuartas partes es energéticamente ineficiente, siendo la tasa de renovación de sólo un 1% anual de los edificios.

Estas cuestiones tienen dos ámbitos de análisis; uno, la evaluación de la eficiencia de los inmuebles en términos de consumo energético, que se suelen ampliar a otros aspectos de sostenibilidad, como son las emisiones, consumo de agua, e incluso calidad de iluminación y aire en el interior de los edificios, acceso al transporte público, o espacios verdes. Y, por otra parte, se busca cómo trasladar estos aspectos heterogéneos a un valor que distinga, para inmuebles comparables, los que pueden tener más valor presente y futuro por sus atributos medioambientales. De esta forma las entidades financieras pueden fijar criterios objetivos sobre productos financieros conocidos como “hipotecas verdes”, extendiéndose a otras financiaciones relacionadas con la renovación o reforma de inmuebles, justificando mejores condiciones en la financiación por la mayor calidad del inmueble.

En cualquier caso, en España no hay por el momento una norma que permita incorporar este valor de eficiencia energética de un inmueble, pero esta eficiencia sí está presente en la valoración de compañías y activos por parte de inversores. Recientemente se ha desarrollado el concepto de obsolescencia energética de una cartera inmobiliaria, junto con el riesgo de transición al modelo de descarbonización, o incidencia de las exigencias regulatorias en una cartera de inmuebles. Por otra parte, estas ideas no se limitan al medioambiente, sino que se amplían a criterios de responsabilidad social y gobernanza.

Al menos tres ideas clave surgen de las preocupaciones de la Unión Europea. La primera es que debe tenerse en cuenta todo tipo de inmueble, no sólo residenciales, según sus usos y características; por ejemplo, los hoteles tendrían una consideración especial, junto con inmuebles destinados a alojamiento turístico. Las actividades que se consideran son la construcción de edificios, la renovación y rehabilitación, las medidas individuales de instalación de equipos de mejora energética y otras acciones, y la propia actividad de compra de inmuebles, desde la perspectiva de la adquisición de un activo y generación de rentas.

La segunda idea es la constatación de que faltan datos para establecer qué es exactamente el mejor cumplimiento con unos estándares de calidad ambiental. Por este motivo se está limitando la valoración a lo que puede certificarse externa e independientemente, y con metodologías explícitas y comparables, que suele ser la calidad de aislamiento de materiales, y la eficiencia en cuanto a consumos del edificio. Hay que tener en cuenta que el proceso de calificación y certificación debe mantener un equilibrio entre el coste que supone y la calidad de esa certificación.

En tercer lugar, profundizando en el tema de las métricas a utilizar, los expertos establecen, en relación con el objetivo de “edificio con emisiones cerca de cero”, la demanda de energía durante la vida del edificio medida por KWH/m2 por año; y la ratio anual de emisión de carbón equivalente Kg CO2/m2. Puede añadirse, para lugares con escasez de agua, el consumo del inmueble medido por m3/persona/año. Una cuestión más es la exposición de la edificación a riesgos físicos climáticos, que requiere trabajar con escenarios y probabilidades, y admite sólo una métrica muy simple, sintetizada en, por ejemplo, “sin riesgo”, “medio” o “con riesgo”. Hay que tener en cuenta que la utilización de métricas de consumo depende no sólo de criterios objetivos, sino de los hábitos de los usuarios o habitantes, considerando siempre la influencia climática de la localización; por este motivo habrá que ir comprobando la diferencia entre la demanda teórica de energía que den los modelos, y la real, que depende de la gestión que se haga de los edificios y el comportamiento de los usuarios.

La situación puede resumirse diciendo que el objetivo de clasificación del impacto ambiental de la construcción se limita, por el momento, al uso de los edificios, aunque se quiere avanzar considerando la fase de construcción y reciclado, y cobra especial importancia la reforma y rehabilitación. En cuanto a la financiación necesaria, quizás los cálculos que se hacen para cumplir con los objetivos de la UE puedan parecer algo exagerados, pues para diferentes horizontes temporales van desde 48.000 millones de euros en un plazo relativamente corto, a 562.000 millones para un escenario ideal en que al menos un 80% de los edificios cumplan con el criterio de “emisión cerca de cero”, pero no cabe duda que hay una voluntad decidida por parte del Parlamento y la Comisión, de avanzar en esta línea. Participando de estas sensibilidades Fundación ICLOBY incorpora estos análisis a sus ofertas de consultoría, así como al “Máster en Dirección de la Responsabilidad Social en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

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