LA ÉTICA DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 2020

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Nuestra comprensión de la sostenibilidad presupone dos creencias interconectadas sobre la relación entre la civilización y la naturaleza: primero, la visión antropogénica, basada en la recopilación y el análisis de datos empíricos, de que la civilización humana puede (y lo hace) impactar en el mundo natural a escala planetaria, agotando y a veces destruyendo los recursos naturales que los seres humanos necesitan para sobrevivir y prosperar; y segundo, la visión conservacionista de que los seres humanos vivos tienen un derecho a usar y disfrutar los recursos naturales de la tierra, así como un deber moral para las generaciones futuras de proteger esos recursos contra la destrucción o el desperdicio.

En conjunto, estas dos creencias representan el núcleo ético y empírico de la perspectiva contemporánea de la sostenibilidad. Cuando argumentamos que la generación actual debería producir menos desechos, consumir menos recursos, proteger la tierra, el agua y el aire de sustancias tóxicas y, limitar nuestra producción de gases de efecto invernadero que calientan el clima, estamos elaborando un argumento basado en una visión conservacionista (ética) de que las generaciones futuras tienen derecho a heredar un planeta sano, fértil y rico en recursos con un clima habitable y; una visión antropogénica (empírica) de que nuestra economía actual basada en combustibles fósiles está produciendo condiciones que probablemente priven a las generaciones futuras de ese derecho.

Hace cincuenta años, antes de que el concepto de sostenibilidad entrara en el léxico de la teoría y la práctica del desarrollo, prevaleció el llamado “Consenso de Washington”. Centrándose casi por completo en indicadores macroeconómicos como el Producto Nacional Bruto (PNB), las tasas de crecimiento económico, las balanzas comerciales y la deuda soberana; este paradigma impuso a los países en desarrollo políticas de austeridad, liberalización comercial, privatización, desregulación, eliminación de control de precios y, extracción y exportación de recursos naturales. Al hacerlo, el paradigma descuidó el impacto de estas políticas en los indicadores críticos de desarrollo humano, como la pobreza, la desigualdad, la educación, la salud pública y la nutrición; y descartó en gran medida los costos sociales y ambientales que serían soportados por las generaciones futuras.

Afortunadamente, el paradigma comenzó a cambiar con la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972, sobre el Medio Ambiente Humano (también conocida como la Conferencia de Estocolmo), que unió a las naciones industrializadas y en desarrollo para delinear los “derechos” de la familia humana; incluyendo a las generaciones presentes y futuras, a un ambiente saludable y productivo. Quince años después, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas, en su informe de 1987, definió el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”; la Comisión también dio un paso muy importante ampliando su comprensión de la sostenibilidad más allá de los “problemas ambientales” y al concebir que el “desarrollo” abarca pero trasciende a los factores económicos.

Esta comprensión de la sostenibilidad alcanzó un punto de inflexión en 1992 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El informe de la Cumbre de la Tierra articuló 27 principios para guiar futuros acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente y el sistema de desarrollo mundial. También contribuyó con un nuevo concepto crítico, “responsabilidades comunes pero diferenciadas”; la idea de que los países en diferentes etapas de desarrollo económico tienen una obligación compartida de salvaguardar el futuro, pero diferentes formas específicas de cumplir esa obligación.

Sobre la base del trabajo de la Cumbre de la Tierra, la ONU adoptó una agenda formal de desarrollo destinada a abordar algunas de las necesidades de desarrollo social más apremiantes del mundo en sus países menos desarrollados. Esta agenda se describe en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000 y se plasma en sus Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015. Luego, en el 2012, veinte años después de la Cumbre de Río, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (también conocida como Río + 20) lanzó un proceso que resultaría en la aprobación unánime, por parte de la Asamblea General de la ONU, de diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, 169 metas concretas y medibles, para el 2030.

Debido al liderazgo de la ONU, los compromisos asumidos por miles de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas e instituciones de educación superior en todo el mundo, y los esfuerzos activos de innumerables millones de almas humanas, la sostenibilidad se ha convertido en el paradigma de desarrollo predominante; sin embargo, a medida que se acerca el 2020, nos encontramos aproximadamente a un tercio del tiempo asignado para cumplir la Agenda 2030 de la ONU, pero no un tercio del camino hacia el logro de sus objetivos.

Ahora, corresponde a los gerentes y líderes de entidades gubernamentales, no gubernamentales, intergubernamentales, educativas y de negocios de todo el mundo, articular y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible; sin embargo, para llevar a cabo con éxito este importante trabajo, los gerentes y líderes deben comprender las dimensiones éticas y empíricas de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, cuyo núcleo se puede encontrar en las opiniones antropogénicas y conservacionistas.

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